En otros artículos publicados con anterioridad en este mismo
espacio, se ha sostenido que el llamado “socialismo del siglo XXI” más que una
doctrina política, constituye una lista de recetas que los autodenominados
socialistas o de izquierda (populistas) adoptaron en algunos países de América
Latina para ganarse el favor popular.
Resultaba una apuesta conveniente para politiqueros
ambiciosos y oportunistas que no habían llegado al poder a través del voto
popular, aprovechar del descontento popular existente en muchos países por la
ineficacia de las políticas aplicadas por distintos gobiernos, las mismas que no
habían podido solucionar las condiciones básicas de pobreza y desigualdad.
El rechazo a la clase política tradicional permitió el
surgimiento de individuos “outsider” que aupados por políticos que pertenecían
o pertenecieron a partidos y/o movimientos políticos cuestionados en el pasado,
haciendo uso de prácticas populistas y todo tipo de artimañas, lleguen al poder
por la vía “democrática”.
Surgieron y llegaron al poder así en Brasil y Argentina: Luiz
Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Néstor Kirchner (2003-2007) a quién le
sucedió en la presidencia, su esposa Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)
populistas que embriagaron al pueblo con promesas y marketing, mientras robaban
impunemente, principalmente a través de la obra pública.
Con la tutela de Cuba, países como Venezuela, Bolivia,
Ecuador y Nicaragua, fueron el pie de playa de Fidel Castro, para expandir su
influencia política en Latinoamérica.
Los nombres de Hugo Chávez 1999-2013 y Nicolás Maduro 2013-2025
(Venezuela) Evo Morales 2006-2020 (Bolivia) Rafael Correa 2007-2016 (Ecuador) y
el líder sandinista Daniel Ortega 1979-1990 y 2007-2022 (Nicaragua) se cobijaron
en el denominado socialismo del siglo XXI, para revestidos de una “ideología”
captar el poder y sostenerse en el mismo con toda suerte de ardides viciados de
ilegalidad, como verdaderos autócratas.
Pero el objetivo primigenio de estos falsos “Mesías”, fue
planificar y poner en ejecución una estructura delictiva eficientemente aceitada,
para apropiarse de los recursos públicos, bajo toda figura o tipo de delitos
punibles.
En cada unos de estos países los autócratas crearon una
estructura con funcionarios públicos sumisos y comprometidos en la red de
corrupción establecida, los cuales tenían de contraparte a empresarios
nacionales y extranjeros deshonestos que, en contubernio, sobrevaloraron los
proyectos de la obra pública y se repartieron los sobreprecios bajo términos y
condiciones previamente establecidos.
La punta del iceberg de la matriz de corrupción se descubre básicamente
a través de los denominados “Panama Papers” (utilización de paraísos fiscales
para evadir tributos y lavar activos) y del sistema de corrupción estructurado
formalmente por la constructora brasileña Odebrecht (Brasil) para obtener
ilegalmente contratos de obra pública en varios países, especialmente de América.
Pero las cifras reales del monto de la corrupción, es miles
de veces mayor que los US. 785 millones declarados por la empresa Odebrecht
como coimas entregadas a funcionarios públicos.
Es difícil cuantificar el monto de la corrupción en cada uno
de los países señalados (peor aún en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua).
Pero el saqueo sistemático de recursos públicos en Argentina, Ecuador y Brasil,
para citar tres casos donde existe mayor difusión de información denunciada y proporcionada
de casos de corrupción, nos han hecho perder la capacidad de asombro.
Tanto en Argentina como en Ecuador la expedición de una Ley
de Extinción de Dominio, que permita enfrentar a la delincuencia organizada y
recuperar para el Estado, todo tipo de activos que constituyan el acervo de la
riqueza obtenida por medios ilícitos de procedencia pública, duerme el sueño de
los justos.
¿Por qué funcionarios de la legislatura, poder ejecutivo,
judicial, etc., y miembros de las cámaras de la producción, no reclaman y
presionan para que se expida una Ley de Extinción de Dominio con las debidas
garantías de que se asegure el debido proceso?
Parecería que la respuesta es evidente, existirían tantos
implicados en la trama de corrupción en los gobiernos antes aludidos, que los
implicados descubiertos y encubiertos aún, impiden a toda costa perder el fruto
por el cual trabajaron con tanto empeño y riesgo: “convertirse rápida y
fácilmente en ricos, apropiándose ilegalmente de los dineros públicos, de los
recursos del pueblo”
¡Y los políticos
enquistados en los poderes del Estado seguirán manipulando y robando por sécula
seculórum mientras sigamos votando por ellos!
¿No sería más justo y pertinente que los gobiernos de turno
(con la presión de la opinión pública, explicitada especialmente a través de
las redes sociales) antes que gravar a la población con impuestos, tasas y
mayor deuda, se preocupen de recuperar los miles de millones de dólares mal habidos
por causa de la corrupción y que se encuentran dentro y fuera del país en: bienes
(inmuebles
y muebles) cuentas en bancos, inversiones financieras, acciones,
etc.?
El punto de partida para este propósito es sin lugar a dudas
contar con una Ley de Extinción de Dominio.
De continuar los funcionarios responsables de la expedición
de esta normativa, evadiendo y dando largas a su promulgación, una de las
respuestas del pueblo debería ser “autoconvocarse” y exigir su renuncia y/o
sanción, de conformidad con lo que las leyes vigentes lo determinen.
“Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo
todo por el dinero” (Voltaire)
