lunes, 26 de noviembre de 2018

¡PECES CHICOS Y PECES GORDOS!

En el adagio popular una de las expresiones más utilizadas por el pueblo, cuando se percata de que la justicia discrimina entre las personas aplicando la Ley básicamente a las que carecen de poder y dinero, el comentario común es: “claro se persigue y encarcela a los peces chicos y se protege a los peces gordos”

El pueblo no es tonto como creen los políticos, en países que comparten la cordillera de los Andes, y en particular en américa latina, se usa la expresión “la cárcel solo es para los de poncho”

Con gran pesadumbre y enojo constatamos que en el Ecuador luego de la década 2007-2016, la única y verdadera planificación realizada con gran experticia y a nivel de detalle, fue el saqueo de los fondos públicos. En otras palabras, institucionalizaron la corrupción en el país.

Posiblemente Brasil, Argentina y Ecuador sean los casos más emblemáticos de corrupción en el siglo 21, con certeza Venezuela será el siguiente caso patético en la lista de países donde la corrupción sembró raíces más profundas que las de un eucalipto (árbol originario de Australia)

En Brasil los casos más emblemáticos son: “Lava Jato” (autolavado) red de corrupción que giró alrededor de la empresa petrolera Petrobras y en la que están involucrados dos ex – presidentes: Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, además de muchas figuras del PT (Partido de los Trabajadores) y, la red de corrupción nacional e internacional (12 países en los que una empresa brasileña sobornó a funcionarios públicos) que involucró a una de las mayores empresas de ingeniería y construcción de Latinoamérica, “Odebrecht”, y que mereció la condena de cárcel por 19 años y 4 meses a su principal CEO, Marcelo Odebrecht (a la fecha con arresto domiciliario)

Se estima en más de 1.000 millones de dólares (USA) el dinero recuperado de la corrupción en Brasil.

Argentina no escapa de esta funesta lacra, cuyos protagonistas son la familia Kirchner: Néstor Kirchner (fallecido) y su esposa Cristina Fernández de Kirchner, dos expresidentes que gobernaron entre: 2003-2007 y 2007-2015, respectivamente, más sus dos hijos.

La ex – presidente Cristina Fernández de Kirchner tiene 6 causas judiciales abiertas por delitos de corrupción y ha sido llamada junto a sus hijos a juicio oral público por asociación ilícita.

El ex – vicepresidente Amado Boudou fue condenado a 5 años 10 meses por cohecho y a “inhabilitación especial perpetua” para ejercer cargos públicos.

También están citados a indagatoria el ex – Ministro de Planificación Julio de Vido y los ex – secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pable Schiavi, además de otros altos ex funcionarios 
Kirchneristas investigados por diversos delitos de corrupción.

El actual Gobierno de Argentina entregará el 10% del dinero que se recupere de la corrupción, a quienes entreguen datos ciertos que permitan identificar dinero o bienes, que provengan de este ilícito.

En Ecuador se puede aplicar con propiedad la expresión de “peces chicos y peces gordos” cuando nos referimos a la acción de la Justicia sobre la corrupción. ¿Por qué razón solo han sido indagados y enjuiciados los peces chicos?

Los únicos casos de juzgamiento de cierta relevancia han sido: el ex vicepresidente de Correa, Jorge Glas Espinel, condenado a 6 años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht y el ex – Ministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli, a 10 años de prisión por el delito de peculado en el caso Petroecuador (también 15 funcionarios de menor nivel de responsabilidad han sido sentenciados a varios años de cárcel, por diferentes delitos)

Existen en investigación y enjuiciamiento otros casos menores, en los cuales están involucrados únicamente peces chicos.

¿Dónde están los verdaderos peces gordos de la corrupción de la década 2007-2016?
Existe en la gran mayoría del pueblo ecuatoriano una gran desilusión y frustración, producto de la inoperancia de algunos organismos del Estado (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Justicia, entre otros, que por: negligencia, ineficiencia o aparente complicidad, no han llegado a las cabezas de los funcionarios públicos responsables de entidades en las cuales se han denunciado con pruebas, casos de corrupción por cientos de millones de dólares.

Resulta paradójico, en el Ecuador sea difícil encontrar una actividad económica en la cual no se haya producido hechos de corrupción con la participación pública y privada (nacional e internacional)
Ecuador es uno de los pocos países en Latinoamérica que no tiene una legislación apropiada para la recuperación del dinero mal habido producto de la corrupción. El Código Penal vigente según especialistas en la materia es: incompleto, inadecuado y caduco y, no contiene normas que permitan recuperar de manera amplia y expedita (resguardando el debido proceso) los dineros y/o bienes adquiridos producto de la corrupción.

Es inadmisible y por decir lo menos sospechoso, que para poder recuperar el dinero robado en la década 2007-2016, que se estima en aproximadamente 30.000 millones de dólares de Norte América, la Asamblea Nacional hasta la presente fecha no haya discutido el proyecto de “Ley de Extinción de Dominio”.

¡En Ecuador no se ha recuperado ni un solo dólar de la corrupción!

¿Qué poderosos intereses políticos y económicos impiden que se discuta este proyecto de Ley que está encajonado por más de 11 años?

¿Porqué razón la mayoría de los medios de comunicación privados no consideran este importante tema como algo prioritario en sus agendas?

¿Qué poderes políticos y económicos se protegen mutuamente, evitando que exista una Ley apropiada para que los dineros del enriquecimiento ilícito regresen al Estado?

La Asamblea Nacional de Ecuador con su “pasividad” frente a la imperiosa necesidad de que se promulgue una Ley de Extinción de Dominio, está siendo cómplice de que la corrupción del siglo quede en la impunidad. Tarde o temprano tendrán los asambleístas que rendir cuenta de sus acciones u omisiones, que impiden recuperar el dinero robado al pueblo por la mafia política que gobernó el país (2007-2016)

¡Callar y ser cómplice de este silencio “elocuente” es también un acto de deshonestidad!

“No creas conveniente actuar ocultando pruebas, pues las pruebas terminan por salir a la luz” (Bertrand Russell)

domingo, 18 de noviembre de 2018

ECUADOR: PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2019

¿Se puede confiar en los análisis prospectivos realizados por el ejecutivo, que permitió ajustar la variable de incertidumbre para la programación presupuestaria cuatrianual 2018-2021 y en la elaboración del Presupuesto General del Estado para el año 2019?

El propósito de los estudios prospectivos es determinar situaciones futuras y potenciales, con la finalidad de eliminar y/o disminuir los efectos que la incertidumbre o falta de certeza impacta en los objetivos presupuestados, más aún en un mundo globalizado.

“…La política macroeconómica se enmarca en lo dispuesto en el Capítulo Cuarto del Título Sexto de la Constitución de la República referente a la soberanía económica y en los objetivos de la política económica. Su finalidad es el establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible, en el cual el régimen económico no tiene primacía en sí mismo; por el contrario, se subordina y sirve a la vida de los seres humanos…”

En la Constitución Política vigente se estipula: “Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.”

El artículo 286 determina que “…las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes”

Sería irresponsable y fuera de lugar pretender analizar todo un presupuesto anual, en el espacio de un artículo de opinión.

Sin embargo, considero factible realizar ciertas puntualizaciones sobre la proforma presupuestaria presentada por el poder ejecutivo para la aprobación de la Asamblea Nacional del Ecuador para el año 2019, que permita al lector razonar entre: lo correcto o incorrecto, objetivo o subjetivo, real o irreal, razonable o irrazonable, etc. de algunos aspectos de la misma.

La estimación de los ingresos en la proforma presupuestaria para el año 2019 según el Ministerio de Finanzas sería de 22.361 millones de dólares, que representan el 71.4% del monto total del presupuesto que es de 31.318 millones de dólares. Los ingresos fiscales estimados representan el 68% de los ingresos totales, lo que es a mi criterio irreal.

Considero demasiado optimista esta cifra por las siguientes razones:

  • El precio del barril de petróleo WTI estimado en la proforma presupuestaria para el año 2019 es de USD 58,29 valor que se supone factible según fuentes gubernamentales (al día 17/11/2018 el WTI se cotizó en el mercado internacional a USD 57,43).

¿No se está considerando que el petróleo es un commodity cuyos precios son de alta volatilidad?


  • Sería prudente por la incertidumbre del comportamiento del precio a futuro, fijar un valor menor a USD 50 por barril, más aún porque normalmente el crudo ecuatoriano exportado tiene castigo por su baja calidad.

De producirse un precio promedio anual mayor a este valor, el excedente debería ir a un fondo de ahorro contingente.
Muchas causas avalan esta apreciación: Guerra comercial USA-China; inestabilidad política en el medio oriente; se aprecia cierta desaceleración económica (China, Italia, Turquía, América Latina, etc.), resurgimiento de políticas proteccionistas, con EE.UU. a la cabeza, etc.

  • Se estima un incremento en la producción de petróleo en 30.000 barriles diarios a partir del segundo semestre de 2019.  Para que esto probablemente suceda, la empresa estatal Petroamazonas requerirá de fondos del gobierno. Dada la situación deficitaria de la caja fiscal, de aproximadamente 3.655 millones de dólares, resulta poco creíble su factibilidad.


Algunos analistas económicos han hecho público su inquietud respecto a que hay una subestimación del monto de la proforma presupuestaria en cerca de 4.500 millones de dólares, porque no se han considerado algunos subsidios, como: gasolina, bono de desarrollo humano y otros.

  • La proforma presupuestaria en mención estima ingresos por 1.000 millones de dólares por “concesiones”. No se conocen las obras de infraestructura que serían concesionadas (para que se concreten se requiere de reglas de juego claras y permanentes) y en caso de definirlas, el tiempo para llegar a la fase de contratación es un limitante para considerarlo viable en el año 2019.

Las necesidades de endeudamiento público que se estima en el presupuesto 2019, son de 8.166 millones de dólares.

Esta cifra puede subir considerablemente si sucede, entre otras cosas lo siguiente:

  • Si la proforma real sube de 31.318 millones de dólares a 35.818 (se añaden los USD 4.500 de subsidios)
  • El gobierno considera en la proforma por concepto de su aportación del 40% al fondo de pensiones jubilares, 1.240 millones de dólares, rubro que según dirigentes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social -IESS, no es real, afirman que el monto verdadero es de 1.755 millones. Si se atiende favorablemente la demanda de los pensionistas, se requerirá de mayor deuda por 515 millones de dólares para este fin.
  • La reducción de recursos registrada en la proforma presupuestaria de 2019, respecto de 2018 de: 375 millones de dólares para la educación pública y de 194 millones de dólares para la salud, lo que representa una suma total de 569 millones de dólares, rubro que incrementaría el endeudamiento público.

Esta cifra tiene que ser incluida en la proforma por que incumple disposiciones de la Constitución vigente, que en su articulado determina que cada año los recursos para estos sectores tiene que crecer en el 0.5% de un año a otro (en este caso 2019 respecto a 2018). La Asamblea Nacional va a observar y exigir el cumplimiento al ejecutivo de lo que establece la actual Carta Magna.

  • El riesgo país bordea los 765 puntos, cifra muy alta que preocupa a inversionistas y/o prestamistas externos, este indicador limita significativamente la capacidad de que Ecuador capte recursos externos de inversión directa y que los créditos demandados, si se consiguen, sean a tasas de interés de dos dígitos y a plazos muy cortos y, con exigencias de garantías colaterales.
  • La proforma presupuestaria para el año 2019, no afecta significativamente el gasto corriente, en detrimento de la inversión.

Existen esfuerzos en reducir el gasto por parte del gobierno central, pero lo logrado es insuficiente para equilibrar en un tiempo razonable las finanzas públicas.

Si bien aparentemente el presupuesto para el año 2019 es de 31.318 millones de dólares (sin considerar los USD 4.500 millones en discusión) mientras que el presupuesto codificado de 2018 sería de 34.818 millones de dólares, 3.500 millones menos, no es confiable por contar esta cifra con un 25% de componente proyectado.

  • El gasto corriente sube en 1.565 millones de dólares (proforma 2019 versus presupuesto codificado 2018) rubro que puede ser mayor ya que las cifras reales de 2018 corresponderían únicamente a 3 trimestres, por lo que el último trimestre del año sería proyectado, lo cual incrementa la incertidumbre sobre la cifra señalada.

  • Se estima una reducción de la inversión pública en aproximadamente 1.425 millones de dólares respecto a la proforma del ejercicio 2018, lo que debe preocupar de manera especial ya que no es una cifra menor.Estamos hablando que conscientemente se afectará a la producción (PIB) y al empleo productivo, factores esenciales para la recuperación económica del país. La crisis económica deja poco espacio para que el sector privado llene el vacío que deja el sector público en el tema de inversión.
  • Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-INEC, existen 332.818 desempleados en el país y 3.274.463 trabajadores con pleno empleo.  El empleo no remunerado (personas que realizan tareas familiares sin sueldo) creció de 823.329 a 879.552 personas entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018.


El presupuesto General del Estado para que sea una herramienta eficaz de planeación económica debe ser lo más realista posible y elaborado con criterios técnicos, sin que la política meta sus manos y desdibuje su propósito y aplicación.

El verdadero cambio en la política económica en Ecuador se dará cuando se tenga el coraje para eliminar la mayoría de subsidios (menos el bono de desarrollo humano y el gas, pero focalizados) y sacar adelante una Ley de extinción de dominio para recuperar el dinero extraído al Estado por la corrupción (aproximadamente 30.000 millones de dólares)

“La economía es la ciencia de cercenar los gastos superfluos” (Séneca)