jueves, 31 de agosto de 2017

¡CORROMPIERON AL ECUADOR!



La década transcurrida entre los años 2007 a 2017 en el Ecuador, podría recalificarse como: “década corrupta” y debería ser para el olvido, pero la realidad de su implicación en la sociedad, impide este propósito por innumerables hechos ocurridos en este período, la mayoría de ellos negativos para el país en su conjunto, destacándose en particular la corrupción galopante que llegó a corroer hasta los cimientos de la nación, todo gracias a la insurgencia del peor de los populismos conocidos en su historia republicana.

Los hechos hacen pensar que todo se inició con un plan minuciosamente elaborado por los politiqueros de siempre, aquellos que nunca llegaron al poder, pero que tenían ansias locas por alcanzarlo: ex – guerrilleros, resentidos sociales, comunistas, socialistas, anarquistas, arribistas, insurgentes, politiqueros fracasados, etc. Esta situación coincidió en el momento exacto cuando se arrastraba un largo período de inestabilidad política, económica y social en el país y que se evidenciaba en el descontento popular acumulado por causa de los desgobiernos que fueron expulsados del poder, por su ineficiencia e inexperiencia, entre otros aspectos.

Consiguieron que se desestabilice el Congreso Nacional, sustituyendo a los miembros principales por los suplentes, penetraron la justicia para conseguir jueces obedientes, coptaron los organismos de control, engañaron al pueblo con consignas nacionalistas, con un discurso trillado y fuera de contexto en pleno siglo XXI, como luchar contra el imperialismo yanqui, la clase media alta y los empresarios que tenía mucho dinero, calificándoles de “pelucones”, creando así una división de clases entre pobres y ricos, buenos y malos, nacionalistas y pro – imperialistas, sumisos al gobierno y opositores por disentir de sus postulados, etc.

Implantaron la idea que era necesaria una asamblea constituyente, para dibujar una constitución hiperpresidencialista, con la cual debilitaron a los poderes legislativo y judicial, además de adecuar la legislación de todos los organismos de control del estado. Pero también crearon otros dos poderes, la Función de Transparencia y Control Social y la Función Electoral, con fines de consolidar el poder total.

Modificaron leyes y normas de manera de poder viabilizar el control que la función ejecutiva tendría sobre las otras funciones del estado, estableciendo un sistema de aparente “meritocracia”, mediante el cual llegaron a ocupar la gran mayoría de las distintas dignidades en todas las funciones del estado, curiosamente con  gente afín al gobierno, colonizando todo el andamiaje público, para poder ejercer desde el poder ejecutivo la voluntad de un gobernante autócrata.

La bonanza económica, especialmente por los altos precios del petróleo exportado, más la alta carga impositiva y el endeudamiento interno y externo, fueron las fuentes que llenaron las arcas fiscales de dinero que se dilapidó, primordialmente en obra pública, la misma que se evidencia que no fue adecuadamente planificada, sin priorización y jerarquización, sin un adecuado análisis de costo-beneficio, ni estudios técnicamente realizados, creando en la mayoría de ecuatorianos una suerte de encantamiento de estar frente a un gobierno proactivo y exitoso, preocupado por la modernización y el crecimiento del país.

Paralelamente, cabe suponer que la intención objetivo fue construir un andamiaje que permitió que la corrupción florezca, especialmente en la obra pública, que facilitó el  contubernio entre lo público y lo privado, con la ejecución de obras faraónicas (la pseudo refinería del Pacífico), obras innecesarias (aeropuertos inutilizados: Tena y Santa Rosa), hidroeléctricas con enormes sobrecostos (Coca Codo Sinclair, San Francisco, Manduriaco, etc.), planta de gas con graves fallas de construcción (Bajo Alto), etc. etc., son innumerables los casos también en otros sectores de la economía, que se encuentran bajo procesos judiciales o en los cuales hay fuertes evidencias de corrupción.

Se privilegió la participación e injerencia relevante de las empresas extranjeras pertenecientes a países afines al gobierno nacional y/o a ciertas empresas privadas, nacionales y extranjeras, impidiendo de esta manera la participación de la gran mayoría de empresas privadas nacionales, que en algunos casos terminaron siendo subcontratadas por las del exterior para la ejecución de la obra de infraestructura física, con obvios sobrecostos.

La “década corrupta” (algunos sumisos dirán que es cuestión de semántica) sustituye a la “década ganada” y paulatinamente los casos de corrupción pública van saliendo a la luz, existiendo ya varios casos que se encuentran con procesos judiciales.

Por ciertas evidencias perecería ser que se trata de solo la punta del iceberg de la mega corrupción perpetrada y que tiene su epicentro en la obra pública, la cual de manera especial deberá examinarse mediante auditorias técnicas independientes y de procedencia extranjera, para determinar con objetividad la real dimensión del perjuicio causado al país y procesar a los responsables (funcionarios públicos y empresarios privados) para que mediante una justicia “independiente” no quede en la impunidad el inmenso latrocinio perpetrado al país.

Corrupción no solo es entre otras definiciones la apropiación indebida de recursos, en particular del dinero de otros (del pueblo) en el caso que nos ocupa, también es:
·    Dejar en la impunidad los casos que han sido evidenciados y aquellos que surjan de auditorías técnicas, independientes y que realicen técnicos extranjeros calificados.
·    No judicializar los casos descubiertos, tipificando correctamente el tipo de delito cometido y sancionarlos con todo el rigor de la Ley.
·     No recuperar para el país, los dineros y bienes mal habidos, mediante una Ley de extinción de dominio, que persiga el dinero y los bienes de los involucrados en los diferentes tipos de delitos penales, sin que exista lugar a prescripción de las acciones judiciales que  correspondan, a fin de recuperar los recursos robados al pueblo.

Pero paralelamente, es de crucial importancia que la sociedad en su conjunto, lo público con lo privado, inicien una campaña intensa y de largo aliento que llevará décadas, con el propósito de educar a las nuevas generaciones de ecuatorianos en principios y valores, éticos y morales. Sin este elemento, la corrupción no solo que no se erradicará, sino que crecerá más y más, hasta convertirse en una suerte de metástasis.

Para desgracia de América Latina y de algunos países de otros continentes, el populismo y la pérdida y/o ausencia de educación en principios y valores en una buena parte de la población, es el caldo de cultivo para que individuos audaces y que se creen mesiánicos, engatusen a la gente, atropellen la democracia y sus fundamentos, para terminar como lo que realmente son, unos vulgares “ladrones”.

“El primer signo de la corrupción en una sociedad que todavía está viva es que el fin justifica los medios” (Georges Bernanos)

“El poder no corrompe. El miedo corrompe, tal vez el miedo a perder el poder” (John Steinbeck)

viernes, 11 de agosto de 2017

ECUADOR: ¿ESTADO OBESO?



Hasta el año 2006 el Ecuador tenía un aparato estatal que en buena medida correspondía al tamaño de su economía y población, principalmente.

Es a partir del año 2007 que comienza un desenfrenado agrandamiento del Estado por causa de la ideología política del Gobierno socialista del siglo XXI que accede al poder y que considera que el Estado debe ser no solo planificador y regulador, sino ejecutor de planes y proyectos.

Se da paso a la más grande distorsión que pueda sufrir una economía, al prácticamente aislar al sector privado, que paulatinamente pierde importancia como generador de riqueza y empleo, convirtiéndose el Estado en el gran empleador.

El sector público ecuatoriano para el año 2015, solo en la función ejecutiva llega a tener 127 entidades entre: Presidencia de la República, Ministerios sectoriales, Ministerios coordinadores y empresas públicas. Más 27 entidades creadas por la Constitución de 2008. Estamos hablando de 154 organismos, a los cuales se puede añadir 7 instituciones financieras que tienen estrecha relación con el Ejecutivo, lo que da un gran total 161 entidades, que se superponen unas con otras creando un maremágnum administrativo.

Si a lo anteriormente señalado se explicita que el número total de servidores públicos pasó de 460.182 en el 2006 a 717.125 en el 2016, se aprecia un crecimiento en términos absolutos de 256.943 personas, esto es un crecimiento del 55.8%, en 8 años del gobierno socialista. (Fuente: CORDES)

Hoy en agosto del año 2017 estamos frente a un “Estado Obeso” que respira saturación por los cuatro costados, pese a que el nuevo gobierno a la fecha ha dado muestras de querer enfrentar esta anómala situación, con acciones tales como: eliminación de algunas entidades, reducir cierta inversión pública, no llenar las vacantes que se produzcan en la función ejecutiva, venta de bienes inmuebles por 120 millones de dólares americanos y una reducción de salarios del 10% en determinados cargos públicos que ahorrarían al fisco por este último concepto, aproximadamente 34 millones de dólares americanos anuales, afectando a 7.242 empleados??

¡La proforma presupuestaria enviada hace pocos días a la Asamblea Nacional para su conocimiento y aprobación, solo para el pago de sueldos al sector público requiere de 9.000 millones de dólares americanos, que significa aproximadamente un 9% del PIB del país!

Para utilizar una terminología similar a la del actual gobierno que promete ¡realizar una cirugía mayor a la corrupción! (la misma que ha campeado en los 10 años del gobierno anterior) pronunciamiento este que encuentra eco favorable en la gran mayoría de ecuatorianos. Paralelamente también consideramos muchos ciudadanos que es imperativo ¡realizar una cirugía mayor a la obesidad grave y mórbida del Estado!

Para los no profesionales de la medicina probablemente dirán una gran ¡liposucción!

Y por qué decimos que es necesaria una cirugía mayor a la grave obesidad, por la sencilla razón de que no es un problema de estética, se requiere eliminar de un sujeto llamado Estado y que en el año 2006 pesaba 100 kilogramos y que para el año 2017 pesa 480 kilogramos, de 380 kilogramos de grasa acumulada por malos hábitos alimenticios, gula e inactividad. Algunos médicos especialistas dirán que este caso, requiere de varias cirugías programadas en el tiempo, con participación multidisciplinaria por su complejidad.

El Estado elefante y obeso llamado Ecuador, atraviesa por una crisis económica, política, social e institucional, nunca antes registrada en su historia republicana.

Según información hecha pública por el nuevo gobierno respecto al estado de crisis en que recibió el país, existe una gran interrogante sobre el futuro del Ecuador sino no se ejecutan acciones urgentes y drásticas que permitan iniciar un proceso de reingeniería en los 5 poderes del Estado, junto con la adopción de ciertas medidas económicas fundamentales y urgentes.

Estos son algunos indicadores macroeconómicos de fuentes oficiales:

1.     La deuda pública total es de aproximadamente 60.000 millones de dólares americanos, que representa el 60% del PIB a 2017 (el Código de Planificación y Finanzas Publicas establece que no se debe superar la relación deuda/PIB del 40%)

2.      Estimación oficial de crecimiento interanual del PIB para el 2017 del 0.7%

3.  Déficit fiscal presupuestado para el 2017 de 4.795 millones de dólares americanos (Para el Observatorio de la Política Fiscal el monto sería de 8.271 millones de dólares americanos??)

4.   Para amortización de deuda, intereses y otros compromisos públicos, el fisco requiere de 11.581 millones de dólares americanos, para el año 2017.

5.    ¿Se estima un crecimiento de los ingresos en la proforma del 2017 del orden del 25% con relación a lo ejecutado en el 2016, en un escenario de aguda crisis de la economía?

6.    La proforma presupuestaria para el 2017, establece 5.198 y 2.779 millones de dólares americanos para educación y salud, respectivamente, que suman 7.977 millones de dólares americanos, esto es un 69% del valor destinado a cancelar deuda pública???

Dada la magnitud de la crisis de todo orden por la que atraviesa el Ecuador: Institucional, política, económica, social, cultural, ambiental, etc. El nuevo gobierno (que es del mismo movimiento político= Alianza País) tiene que decidir entre: ¡cambio! o ¡continuismo!

Tomemos únicamente dos aspectos para inferir lo que la gran mayoría de ecuatorianos queremos, no solo escuchar del nuevo gobierno, sino que se evidencie en acciones: 1) Economía y 2) Política Exterior.

1)  Economía: El nuevo gobierno habla de que existen dos vías para reducir el tamaño del Estado: medidas de shock o medidas graduales.

Las primeras, las de shock, a más del impacto que tendrían en el empleo, afectarían según ellos a la situación económica en general. Mientras que las segundas, de gradualidad, no tendrían mayor impacto en alcanzar el objetivo de sanear la caja fiscal, ya que tomaría muchos años su implementación total (posiblemente 2 o más períodos de gobierno).

La grave situación económica del país, amerita tomar una medida drástica en cuanto a la reducción del tamaño del Estado, debe ser máximo dentro del primer año de este gobierno, para cual habría que adoptar entre otras las siguientes acciones:
·        Reducir a no más de 10 los Ministerios sectoriales y coordinadores.
·       Eliminar todas las entidades creadas desde enero del 2017, dependientes o anexadas a los Ministerios, que con el aparente fin de descentralización, fueron establecidas para acción política y de generar empleo público (partidista)
·       El personal público separado producto de la eliminación de entidades gubernamentales (empleados de carrera y empleados a contrato) deberían ser calificados por las instituciones financieras públicas y privadas, si ameritan ser de sujetos de crédito para emprendimientos-PYMES.
·       Drástica reducción del parque automotor del sector público (Ecuador tiene un parque automotor que representa aproximadamente el 95% del que tiene el Japón). Además obligar a que los vehículos a adquirirse en el futuro por reposición, sean ensamblados en el país y que no excedan individualmente en valor a US 40.000,00
·        Restringir el uso de celulares, de manera que solo se entregue a los principales funcionarios, para uso dentro del país y con tiempo límite.
·         Prohibir la compra de nuevos bienes inmuebles, remodelación de los existentes y la compra de bienes muebles adicionales.
·     Eliminar las reuniones de funcionarios públicos fuera de la ciudad donde prestan sus servicios e implantar video conferencias u otras formas de comunicación, a fin de evitar viáticos innecesarios, que incrementan los gastos.
·       Reducir a lo mínimo indispensable los viajes fuera del país a foros, conferencias, reuniones, etc. ya que no representan un verdadero aporte de conocimientos o crecimiento profesional, y que debería tener relación con las competencias del servidor público.
·        Prohibir la entrega de tarjetas de crédito de parte de entidades públicas para uso de altos funcionarios.
·      Eximirse de organizar en el país de eventos internacionales, fiestas y actos que demandan gastos innecesarios.
·     Congelar los sueldos de los empleados públicos que sobrepasen el monto de la canasta familiar, mínimo por 2 años.
·     Lo más importante, coordinar con la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y Justicia, respetando su independencia, acciones que coadyuven a la recuperación de los recursos públicos desviados a manos privadas por actos de corrupción (hay estimaciones de que la corrupción solo en la obra pública entre 2007 y 2017, sería de aproximadamente entre 20 y 30 mil millones de dólares americanos)
·      Impulsar en la Asamblea Nacional una Ley de extinción de dominio para que el Estado persiga la recuperación del dinero mal habido, por actos de corrupción.
·         Eliminar los subsidios a la gasolina y diésel y focalizar el subsidio al gas de uso doméstico. 

2)      Política Exterior: La gran mayoría de ecuatorianos concordamos totalmente  respecto de la apertura al diálogo que hace el nuevo gobierno, el llamado al trato respetuoso entre quienes piensen distinto, así como, el llamado al respeto de los derechos humanos. Sin embargo nos confunde y extraña la política que sigue el gobierno en relación a Venezuela cuando escuchamos y vemos que en el reciente foro del ALBA realizado en Caracas, se manifiesta que Ecuador respalda al Gobierno del Presidente Maduro con la creación de la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el referido gobernante.

Paralelamente, en la reciente reunión de Cancilleres realizada en Lima-Perú para tratar la grave crisis humanitaria y el quebrantamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela (reunión en la que no participó Ecuador) 12 países de América censuraron las acciones dictatoriales del Presidente venezolano, que en contubernio con la Corte de Justicia rompieron el orden constitucional. En la mencionada reunión los referidos países resolvieron desconocer a la Asamblea Nacional Constituyente-ANC, que se ha establecido como un “supra poder”.

En identidad con lo anunciado, respetamos la supuesta afinidad ideológica que exista entre los dos gobiernos socialistas, de Ecuador (desde hace 10 años) con Venezuela (desde el Chavismo y ahora con el Madurismo), pero no comprendemos que por dicha afinidad, se ignore la brutal represión que  la dictadura instaurada desde hace algún tiempo atrás en Venezuela, realiza con el pueblo, la prohibición del Gobierno de aceptar ayuda internacional humanitaria de medicinas y alimentos, la existencia de decenas de presos políticos, por pensar y expresarse de manera contraria a las políticas económicas y sociales del régimen.

Se está masacrando a un pueblo cuyo único pecado es pensar distinto, exigir los derechos que les ampara la Constitución vigente (Chavista) y que demandan, medicinas, alimentos, empleo, poder expresarse libremente y protestar pacíficamente sin temor a ser encarcelados y juzgados por tribunales militares.

¿Se puede coincidir con un gobierno deshumanizado y apoyarlo abiertamente, contrariamente a lo que pensamos la gran mayoría de ecuatorianos (incluso muchas de las personas que disienten sobre apoyar a Maduro son afines a Alianza País) más a aun, si es obvio que la comunidad internacional afirma abiertamente que lo que existe en Venezuela es una indiscutible dictadura?

¡Sinceramente creemos que no!

Vemos con estupor en esta materia que no hay paralelismo entre lo dicho por el actual gobierno y lo actuado.

Los ecuatorianos merecemos una explicación entendible del Gobierno, en razón de que la posición adoptada en la última reunión del ALBA, va más allá de toda nuestra lucidez.

“El precio de la grandeza es la responsabilidad” (Winston Churchill)