El 1 de abril del 2017 se inició
una nueva revuelta contra la dictadura “castro-chavista-madurista” la misma que
lleva 82 días ininterrumpidos de protestas del pueblo venezolano contra la
dictadura del Presidente Nicolás Maduro Moros. Este desgobierno autócrata y
autoritario viene rompiendo progresivamente desde 2013 la Constitución del
hermano país, a través de una interminable cadena de acciones pírricas como la actual,
que pretende activar una Constituyente con el propósito de modificar la Carta
Magna vigente.
Al más puro estilo: nazista,
leninista y fascista, el dictador Maduro, protegido por los altos mandos
obsecuentes y corruptos de las fuerzas armadas venezolanas y de la Guardia
Nacional Bolivariana-GNB (fuerza de choque gobiernista) viene sembrando el
terror a lo largo y ancho del país, con el fin de mantenerse en el poder a
cualquier costo.
Los crímenes y actos de
corrupción cometidos en el gobierno chavista y en el actual gobierno, cuando
exista una justicia independiente, llevaría a la cárcel a decenas de funcionarios
de los cinco poderes del Estado, así como, a otros pertenecientes a entidades sumisas
al poder ejecutivo, como el Tribunal Supremo de Justicia-TSJ y el Consejo
Nacional Electoral-CNE.
Hasta la presente fecha la cifra
de muertos en todo el país es de 74 personas, entre mujeres, hombres y niños,
como resultado de la abominable represión del régimen, al legítimo derecho a la
protesta ciudadana que está amparado en la Constitución vigente.
La comunidad internacional se
manifiesta impávida ante esta cruel cacería al pueblo venezolano.
Organismos internacionales como
la ONU, OEA, UNASUR, etc. así como la gran mayoría de gobiernos del mundo, miran hacia un lado, no
quieren inmiscuirse en esta tragedia.
Parece que no importa la
situación de carencias por las que atraviesa esta nación, especialmente de: medicinas,
alimentos, vituallas, vivienda, etc., peor aún el desangre de la población
civil. Se estima que aproximadamente el 75% de la población se encuentra en
situación de pobreza.
Cabe preguntarse ¿por qué no han
impuesto los organismos internacionales las sanciones que estipulan los
acuerdos suscritos por sus miembros, en casos como el presente, a un país como
Venezuela que incumple dichos compromisos?
¿Por qué los gobiernos de la
comunidad internacional y en particular del continente americano y del caribe,
no han roto relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano, como un factor
de presión y en solidaridad con un pueblo vejado y masacrado?
¡La realidad dice que a la hora
de la verdad, lo que prima a nivel internacional es proteger las relaciones
comerciales, financieras e inversiones, por encima de los Derechos Humanos!
La Carta Democrática
Interamericana de la Organización de Estados Americanos-OEA, en el artículo
tercero, dice “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre
otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el
acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la
celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio
universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen
plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia
de los poderes públicos.”
En el
artículo 20 de la Carta Democrática se expresa:
“En caso de que en un Estado Miembro se
produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden
democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar
la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación
colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”
¿Cómo entender que de 35 países
miembros de la OEA, no se pueda alcanzar las dos terceras partes de los votos,
o sea 23 para para sancionar al gobierno de Maduro?
La explicación de
este apoyo a Maduro, por parte de Cuba y algunos países del Caribe, cuyos
representantes votan en contra de aplicar el referido artículo 20 de la Carta
Democrática, se encuentra en la “ayuda” de aproximadamente 130.000 barriles de
petróleo al día que el gobierno venezolano da a éstos países y que en términos
monetarios significa una pérdida de divisas para el pueblo venezolano, de
aproximadamente 2.372 millones de dólares al año.
Otro apoyo que recibe
Maduro, viene de parte de un grupo de países de la denominada ALBA-TCP (Alianza
Bolivariana para los pueblos de nuestra América) entre los cuales a más de
Venezuela están: Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y varios países del Caribe.
Este sui géneris club
de amigos, parecería que tienen la consigna de “yo te protejo, tú me proteges”.
¿Se han creado acaso refugios
para posibles contingencias que en el futuro puedan tener las camarillas
seudorevolucionarias?
Es evidente constatar
la complicidad solidaria y sumisa de la gran mayoría de los representantes de
los países antes aludidos, a la hora de apoyar a un Gobierno “amigo”, en los
diferentes Organismos Internacionales, en especial, cuando defienden
acusaciones en su contra por el irrespeto a los derechos humanos e intolerancia
a quienes piensan diferente a ellos, pese a haber suscrito Acuerdos
Internacionales en defensa de los derechos inalienables de las personas.
La tragedia que vive
el pueblo venezolano escapa a cualquier calificativo y es repudiable que la
comunidad internacional actúe con indolencia y doble moral. Venezuela se
encuentra al borde del abismo y va camino a convertirse en otra Cuba.
La última perla de
Maduro es pretender la destitución de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz (funcionaria
hasta hace algunas semanas atrás afín al régimen de Maduro) por sus últimas acciones, contrarias
especialmente a las ilegalidades cometidas por el Tribunal Supremo de Justicia-TSJ.
El gobierno pretende que este organismo de justicia, resuelva que existe legalmente
mérito para la remoción del cargo, cosa que muy probablemente ocurra. Sin
embargo y de acuerdo a la Constitución vigente, sería facultad de la Asamblea
Nacional resolver en último término si da paso o no a este artilugio.
Si no actúa ahora la
comunidad internacional imponiendo sanciones al gobierno de Maduro, en particular
a la camarilla oficialista, la dictadura vigente se radicalizará y de allí se
exportará como desde el pasado lo ha hecho Cuba, medios para desestabilizar a
las democracias republicanas, especialmente de países del Continente Americano
y del Caribe.
Es apremiante poner
en evidencia a los “líderes“ de algunos países de la región, que con su
complicidad con el Presidente Maduro, están contribuyendo a desestabilizar a
nuestra región, para que con la presión de la opinión pública actúen de acuerdo
con la voluntad de la gran mayoría de sus mandantes, que quieren paz, libertad
y progreso para nuestros pueblos.
La política exterior
de muchos países debe anteponer la solidaridad con los pueblos oprimidos por
gobiernos autócratas, a los intereses económicos y/o a la afinidad “ideológica”
con determinados gobernantes.
“Más que por la
fuerza, nos dominan por el engaño“(Simón Bolívar)
“No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución; se hace la revolución para establecer una dictadura“(George Orwell)
