¡VENEZUELA SE DESANGRA!

El 1 de abril del 2017 se inició una nueva revuelta contra la dictadura “castro-chavista-madurista” la misma que lleva 82 días ininterrumpidos de protestas del pueblo venezolano contra la dictadura del Presidente Nicolás Maduro Moros. Este desgobierno autócrata y autoritario viene rompiendo progresivamente desde 2013 la Constitución del hermano país, a través de una interminable cadena de acciones pírricas como la actual, que pretende activar una Constituyente con el propósito de modificar la Carta Magna vigente.

Al más puro estilo: nazista, leninista y fascista, el dictador Maduro, protegido por los altos mandos obsecuentes y corruptos de las fuerzas armadas venezolanas y de la Guardia Nacional Bolivariana-GNB (fuerza de choque gobiernista) viene sembrando el terror a lo largo y ancho del país, con el fin de mantenerse en el poder a cualquier costo.

Los crímenes y actos de corrupción cometidos en el gobierno chavista y en el actual gobierno, cuando exista una justicia independiente, llevaría a la cárcel a decenas de funcionarios de los cinco poderes del Estado, así como, a otros pertenecientes a entidades sumisas al poder ejecutivo, como el Tribunal Supremo de Justicia-TSJ y el Consejo Nacional Electoral-CNE.

Hasta la presente fecha la cifra de muertos en todo el país es de 74 personas, entre mujeres, hombres y niños, como resultado de la abominable represión del régimen, al legítimo derecho a la protesta ciudadana que está amparado en la Constitución vigente.

La comunidad internacional se manifiesta impávida ante esta cruel cacería al pueblo venezolano.

Organismos internacionales como la ONU, OEA, UNASUR, etc. así como la gran mayoría de  gobiernos del mundo, miran hacia un lado, no quieren inmiscuirse en esta tragedia.  

Parece que no importa la situación de carencias por las que atraviesa esta nación, especialmente de: medicinas, alimentos, vituallas, vivienda, etc., peor aún el desangre de la población civil. Se estima que aproximadamente el 75% de la población se encuentra en situación de pobreza.

Cabe preguntarse ¿por qué no han impuesto los organismos internacionales las sanciones que estipulan los acuerdos suscritos por sus miembros, en casos como el presente, a un país como Venezuela que incumple dichos compromisos?

¿Por qué los gobiernos de la comunidad internacional y en particular del continente americano y del caribe, no han roto relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano, como un factor de presión y en solidaridad con un pueblo vejado y masacrado?

¡La realidad dice que a la hora de la verdad, lo que prima a nivel internacional es proteger las relaciones comerciales, financieras e inversiones, por encima de los Derechos Humanos!

La Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos-OEA, en el artículo tercero, dice “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.”

En el artículo 20 de la  Carta Democrática se expresa: “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”

¿Cómo entender que de 35 países miembros de la OEA, no se pueda alcanzar las dos terceras partes de los votos, o sea 23 para para sancionar al gobierno de Maduro?

La explicación de este apoyo a Maduro, por parte de Cuba y algunos países del Caribe, cuyos representantes votan en contra de aplicar el referido artículo 20 de la Carta Democrática, se encuentra en la “ayuda” de aproximadamente 130.000 barriles de petróleo al día que el gobierno venezolano da a éstos países y que en términos monetarios significa una pérdida de divisas para el pueblo venezolano, de aproximadamente 2.372 millones de dólares al año.

Otro apoyo que recibe Maduro, viene de parte de un grupo de países de la denominada ALBA-TCP (Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América) entre los cuales a más de Venezuela están: Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y varios países del Caribe.

Este sui géneris club de amigos, parecería que tienen la consigna de “yo te protejo, tú me proteges”.

¿Se han creado acaso refugios para posibles contingencias que en el futuro puedan tener las camarillas seudorevolucionarias?

Es evidente constatar la complicidad solidaria y sumisa de la gran mayoría de los representantes de los países antes aludidos, a la hora de apoyar a un Gobierno “amigo”, en los diferentes Organismos Internacionales, en especial, cuando defienden acusaciones en su contra por el irrespeto a los derechos humanos e intolerancia a quienes piensan diferente a ellos, pese a haber suscrito Acuerdos Internacionales en defensa de los derechos inalienables de las personas.

La tragedia que vive el pueblo venezolano escapa a cualquier calificativo y es repudiable que la comunidad internacional actúe con indolencia y doble moral. Venezuela se encuentra al borde del abismo y va camino a convertirse en otra Cuba.

La última perla de Maduro es pretender la destitución de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz (funcionaria hasta hace algunas semanas atrás afín al régimen de Maduro) por sus últimas acciones, contrarias especialmente a las ilegalidades cometidas por el Tribunal Supremo de Justicia-TSJ. El gobierno pretende que este organismo de justicia, resuelva que existe legalmente mérito para la remoción del cargo, cosa que muy probablemente ocurra. Sin embargo y de acuerdo a la Constitución vigente, sería facultad de la Asamblea Nacional resolver en último término si da paso o no a este artilugio.

Si no actúa ahora la comunidad internacional imponiendo sanciones al gobierno de Maduro, en particular a la camarilla oficialista, la dictadura vigente se radicalizará y de allí se exportará como desde el pasado lo ha hecho Cuba, medios para desestabilizar a las democracias republicanas, especialmente de países del Continente Americano y del Caribe.

Es apremiante poner en evidencia a los “líderes“ de algunos países de la región, que con su complicidad con el Presidente Maduro, están contribuyendo a desestabilizar a nuestra región, para que con la presión de la opinión pública actúen de acuerdo con la voluntad de la gran mayoría de sus mandantes, que quieren paz, libertad y progreso para nuestros pueblos.

La política exterior de muchos países debe anteponer la solidaridad con los pueblos oprimidos por gobiernos autócratas, a los intereses económicos y/o a la afinidad “ideológica” con determinados gobernantes. 

“Más que por la fuerza, nos dominan por el engaño“(Simón Bolívar)

 
“No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución; se hace la revolución para establecer una dictadura“(George Orwell)