ECUADOR: ¿LA JUSTICIA EN ESTADO VEGETATIVO?

En medicina se entiende que una persona se encuentra en estado vegetativo, básicamente, cuando el cerebro no funciona y el paciente no puede hablar y no tiene consciencia de si mismo y de su entorno.

La definición anterior se podría extrapolar a la situación en la que encuentra la Justicia en Ecuador, desde hace décadas, pero agravada desde el año 2007 hasta la presente fecha.

Según el artículo No.178 de la Constitución Política de la República del Ecuador, son órganos jurisdiccionales los siguientes:

1.La Corte Nacional de Justicia.

2.Las cortes Provinciales de Justicia.

3.Los tribunales y juzgados que establezca la Ley.

4.Los juzgados de paz.

El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.

La Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son órganos autónomos de la Función Judicial.

Todo este entramado ha sido diseñado para que con plena autonomía los órganos antes señalados administren justicia dentro de las atribuciones establecidas en la Constitución, y así, se precautele la seguridad jurídica necesaria para una sana convivencia en el país.

Pero en la práctica, lo que vemos día a día los ecuatorianos y desde el extranjero, es a órganos de justicia cuyos funcionarios en gran parte, se han politizado, cometen actos de corrupción y demuestran mediocridad en sus fallos y resoluciones.

Desde el año 2007 el Ejecutivo secuestró a la justicia y sus representantes sucumbieron pese a que la misma contaba con autonomía. Fueron sumisos mediante favores, chantajes y prebendas del gobierno de turno.

La corrupción cual epidemia penetró en la justicia y otros órganos y, pese a las evidencias del aberrante latrocinio cometido por funcionarios del régimen socialista del siglo XXI, duermen los procesos de investigación preprocesal y procesal penal en contra de la cúpula del poder que durante el período 2007-2016 se apropió indebidamente de recursos del Estado, principalmente a través de sobreprecios y coimas en la obra pública.

No deja de asombrarnos como van apareciendo casos de diversa índole de corrupción en la justicia. Jueces que liberan a asesinos por sicariato paladinamente, ex_ funcionarios públicos que han sido juzgados y sentenciados por delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, concusión, cohecho, etc. salen en libertad y/o son sobreseídos, sin más que la “soberana” voluntad de los administradores de justicia.

La cacareada afirmación de parte de muchos asambleístas, funcionarios de gobierno y representantes de la Función Judicial de que van a sanear la administración de justicia, queda en pura retórica.

Los políticos siguen metiendo sus manos en la justicia, la corrupción ha echado raíces y existe una evidente politización de la justicia.

Los peces gordos de la corrupción: o están prófugos o se encuentran dentro del país gozando de los dineros producto de la corrupción y las denuncias existentes en contra de ellos no caminan.

¿Quién o quienes protegen a estos delincuentes de cuello blanco?

¿Por qué no se recurre a organismos como las Naciones Unidas para reformar todo el aparato de justicia, se modernice a la misma y se establezca una verdadera meritocracia para remozar a los principales funcionarios de los órganos de justicia?

Pero no contentos con la ineficacia de la Función Judicial. Los ecuatorianos presenciamos como los politiqueros, engañando al pueblo lograron eliminar la Constitución de 1998 y, con argucias, una Asamblea Nacional Constituyente mediante referéndum sometido a sufragio universal, promulgó la Constitución de 2008, aún vigente.

La Constitución Política de 2008 es en gran medida el génesis de los más lacerantes problemas del Ecuador. Su carácter hiperpresidencialista, la novelería de incluir como “poderes del Estado” al tema electoral y la disfrazada participación ciudadana, representada en un quinto poder: “La Función de Transparencia y Control Social” ha sido el “Caballo de Troya” para que la politiquería manipule a los organismos de control, defensoría del pueblo, superintendencias y un estéril “Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”

El artículo No. 204 de la Constitución Política dice: “…La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción.”

Este inocuo poder: no ha ejercido control alguno, no ha transparentado los servicios prestados por el sector público, no ha fomentado la participación ciudadana y, peor aún no ha combatido la corrupción.

El gatopardismo sigue presente: “cambiar todo para que nada cambie”

Luce imperativo una consulta popular para eliminar a esta mal llamada: “Función de Transparencia y Control Social”, para que el pueblo se pronuncie sobre su pertinencia.

Se estima en aproximadamente 30 mil millones de dólares el monto del dinero robado en la década perdida 2007-2016, sin que hasta la fecha se haya recuperado 1 dólar, mientras tanto: Bla, bla, bla, bla., es el retrato del país de la “impunidad”.

¿Cuándo se hará justicia con la injusticia?

Mientras tanto: ¡LA JUSTICIA SIGUE EN ESTADO VEGETATIVO ¡

“La peor forma de injusticia es la justicia simulada.” (Platón)