Hasta el año 2006 el Ecuador tenía un aparato estatal que en
buena medida correspondía al tamaño de su economía y población, principalmente.
Es a partir del año 2007 que comienza un desenfrenado
agrandamiento del Estado por causa de la ideología política del Gobierno
socialista del siglo XXI que accede al poder y que considera que el Estado debe
ser no solo planificador y regulador, sino ejecutor de planes y proyectos.
Se da paso a la más grande distorsión que pueda sufrir una
economía, al prácticamente aislar al sector privado, que paulatinamente pierde
importancia como generador de riqueza y empleo, convirtiéndose el Estado en el
gran empleador.
El sector público ecuatoriano para el año 2015, solo en la
función ejecutiva llega a tener 127 entidades entre: Presidencia de la
República, Ministerios sectoriales, Ministerios coordinadores y empresas
públicas. Más 27 entidades creadas por la Constitución de 2008. Estamos
hablando de 154 organismos, a los cuales se puede añadir 7 instituciones
financieras que tienen estrecha relación con el Ejecutivo, lo que da un gran
total 161 entidades, que se superponen unas con otras creando un maremágnum administrativo.
Si a lo anteriormente señalado se explicita que el número
total de servidores públicos pasó de 460.182 en el 2006 a 717.125 en el 2016,
se aprecia un crecimiento en términos absolutos de 256.943 personas, esto es un
crecimiento del 55.8%, en 8 años del gobierno socialista. (Fuente: CORDES)
Hoy en agosto del año 2017 estamos frente a un “Estado Obeso”
que respira saturación por los cuatro costados, pese a que el nuevo gobierno a
la fecha ha dado muestras de querer enfrentar esta anómala situación, con
acciones tales como: eliminación de algunas entidades, reducir cierta inversión
pública, no llenar las vacantes que se produzcan en la función ejecutiva, venta
de bienes inmuebles por 120 millones de dólares americanos y una reducción de
salarios del 10% en determinados cargos públicos que ahorrarían al fisco por
este último concepto, aproximadamente 34 millones de dólares americanos anuales,
afectando a 7.242 empleados??
¡La proforma presupuestaria enviada hace pocos días a la
Asamblea Nacional para su conocimiento y aprobación, solo para el pago de
sueldos al sector público requiere de 9.000 millones de dólares americanos, que
significa aproximadamente un 9% del PIB del país!
Para utilizar una terminología similar a la del actual
gobierno que promete ¡realizar una
cirugía mayor a la corrupción! (la misma que ha campeado en los 10 años del
gobierno anterior) pronunciamiento este que encuentra eco favorable en la gran
mayoría de ecuatorianos. Paralelamente también consideramos muchos ciudadanos
que es imperativo ¡realizar una cirugía
mayor a la obesidad grave y mórbida del Estado!
Para los no profesionales de la medicina probablemente dirán
una gran ¡liposucción!
Y por qué decimos que es necesaria una cirugía mayor a la grave
obesidad, por la sencilla razón de que no es un problema de estética, se
requiere eliminar de un sujeto llamado Estado y que en el año 2006 pesaba 100
kilogramos y que para el año 2017 pesa 480 kilogramos, de 380 kilogramos de
grasa acumulada por malos hábitos alimenticios, gula e inactividad. Algunos
médicos especialistas dirán que este caso, requiere de varias cirugías
programadas en el tiempo, con participación multidisciplinaria por su
complejidad.
El Estado elefante y obeso llamado Ecuador, atraviesa por una
crisis económica, política, social e institucional, nunca antes registrada en
su historia republicana.
Según información hecha pública por el nuevo gobierno respecto
al estado de crisis en que recibió el país, existe una gran interrogante sobre
el futuro del Ecuador sino no se ejecutan acciones urgentes y drásticas que
permitan iniciar un proceso de reingeniería en los 5 poderes del Estado, junto
con la adopción de ciertas medidas económicas fundamentales y urgentes.
Estos son algunos indicadores macroeconómicos de fuentes
oficiales:
1.
La
deuda pública total es de aproximadamente 60.000 millones de dólares americanos,
que representa el 60% del PIB a 2017 (el Código de Planificación y Finanzas
Publicas establece que no se debe superar la relación deuda/PIB del 40%)
2.
Estimación
oficial de crecimiento interanual del PIB para el 2017 del 0.7%
3. Déficit
fiscal presupuestado para el 2017 de 4.795 millones de dólares americanos (Para
el Observatorio de la Política Fiscal el monto sería de 8.271 millones de
dólares americanos??)
4. Para
amortización de deuda, intereses y otros compromisos públicos, el fisco
requiere de 11.581 millones de dólares americanos, para el año 2017.
5.
¿Se
estima un crecimiento de los ingresos en la proforma del 2017 del orden del 25%
con relación a lo ejecutado en el 2016, en un escenario de aguda crisis de la
economía?
6.
La
proforma presupuestaria para el 2017, establece 5.198 y 2.779 millones de
dólares americanos para educación y salud, respectivamente, que suman 7.977
millones de dólares americanos, esto es un 69% del valor destinado a cancelar
deuda pública???
Dada la magnitud de la crisis de todo orden por la que
atraviesa el Ecuador: Institucional, política, económica, social, cultural,
ambiental, etc. El nuevo gobierno (que es del mismo movimiento político=
Alianza País) tiene que decidir entre: ¡cambio!
o ¡continuismo!
Tomemos únicamente dos aspectos para inferir lo que la gran
mayoría de ecuatorianos queremos, no solo escuchar del nuevo gobierno, sino que
se evidencie en acciones: 1) Economía y 2) Política Exterior.
1) Economía: El nuevo gobierno habla de que
existen dos vías para reducir el tamaño del Estado: medidas de shock o medidas
graduales.
Las primeras, las de shock, a más del
impacto que tendrían en el empleo, afectarían según ellos a la situación
económica en general. Mientras que las segundas, de gradualidad, no tendrían
mayor impacto en alcanzar el objetivo de sanear la caja fiscal, ya que tomaría
muchos años su implementación total (posiblemente 2 o más períodos de
gobierno).
La grave situación económica del país, amerita tomar una
medida drástica en cuanto a la reducción del tamaño del Estado, debe ser máximo
dentro del primer año de este gobierno, para cual habría que adoptar entre otras
las siguientes acciones:
· Reducir
a no más de 10 los Ministerios sectoriales y coordinadores.
·
Eliminar
todas las entidades creadas desde enero del 2017, dependientes o anexadas a los
Ministerios, que con el aparente fin de descentralización, fueron establecidas
para acción política y de generar empleo público (partidista)
·
El
personal público separado producto de la eliminación de entidades
gubernamentales (empleados de carrera y empleados a contrato) deberían ser
calificados por las instituciones financieras públicas y privadas, si ameritan
ser de sujetos de crédito para emprendimientos-PYMES.
·
Drástica
reducción del parque automotor del sector público (Ecuador tiene un parque
automotor que representa aproximadamente el 95% del que tiene el Japón). Además
obligar a que los vehículos a adquirirse en el futuro por reposición, sean
ensamblados en el país y que no excedan individualmente en valor a US 40.000,00
·
Restringir
el uso de celulares, de manera que solo se entregue a los principales
funcionarios, para uso dentro del país y con tiempo límite.
·
Prohibir
la compra de nuevos bienes inmuebles, remodelación de los existentes y la
compra de bienes muebles adicionales.
· Eliminar
las reuniones de funcionarios públicos fuera de la ciudad donde prestan sus
servicios e implantar video conferencias u otras formas de comunicación, a fin
de evitar viáticos innecesarios, que incrementan los gastos.
·
Reducir
a lo mínimo indispensable los viajes fuera del país a foros, conferencias,
reuniones, etc. ya que no representan un verdadero aporte de conocimientos o
crecimiento profesional, y que debería tener relación con las competencias del
servidor público.
·
Prohibir
la entrega de tarjetas de crédito de parte de entidades públicas para uso de
altos funcionarios.
· Eximirse
de organizar en el país de eventos internacionales, fiestas y actos que demandan
gastos innecesarios.
· Congelar
los sueldos de los empleados públicos que sobrepasen el monto de la canasta
familiar, mínimo por 2 años.
· Lo
más importante, coordinar con la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y
Justicia, respetando su independencia, acciones que coadyuven a la recuperación
de los recursos públicos desviados a manos privadas por actos de corrupción
(hay estimaciones de que la corrupción solo en la obra pública entre 2007 y
2017, sería de aproximadamente entre 20 y 30 mil millones de dólares
americanos)
· Impulsar
en la Asamblea Nacional una Ley de extinción de dominio para que el Estado
persiga la recuperación del dinero mal habido, por actos de corrupción.
·
Eliminar
los subsidios a la gasolina y diésel y focalizar el subsidio al gas de uso doméstico.
2)
Política Exterior: La gran mayoría de ecuatorianos concordamos
totalmente respecto de la apertura al
diálogo que hace el nuevo gobierno, el llamado al trato respetuoso entre
quienes piensen distinto, así como, el llamado al respeto de los derechos
humanos. Sin embargo nos confunde y extraña la política que sigue el gobierno
en relación a Venezuela cuando escuchamos y vemos que en el reciente foro del
ALBA realizado en Caracas, se manifiesta que Ecuador respalda al Gobierno del
Presidente Maduro con la creación de la inconstitucional
Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el referido gobernante.
Paralelamente, en la reciente reunión
de Cancilleres realizada en Lima-Perú para tratar la grave crisis humanitaria y
el quebrantamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela (reunión en
la que no participó Ecuador) 12 países de América censuraron las acciones
dictatoriales del Presidente venezolano, que en contubernio con la Corte de
Justicia rompieron el orden constitucional. En la mencionada reunión los
referidos países resolvieron desconocer a la Asamblea Nacional
Constituyente-ANC, que se ha establecido como un “supra poder”.
En identidad con lo anunciado,
respetamos la supuesta afinidad ideológica que exista entre los dos gobiernos
socialistas, de Ecuador (desde hace 10 años) con Venezuela (desde el Chavismo y
ahora con el Madurismo), pero no comprendemos que por dicha afinidad, se ignore
la brutal represión que la dictadura
instaurada desde hace algún tiempo atrás en Venezuela, realiza con el pueblo,
la prohibición del Gobierno de aceptar ayuda internacional humanitaria de
medicinas y alimentos, la existencia de decenas de presos políticos, por pensar
y expresarse de manera contraria a las políticas económicas y sociales del régimen.
Se está masacrando a un pueblo cuyo
único pecado es pensar distinto, exigir los derechos que les ampara la
Constitución vigente (Chavista) y que demandan, medicinas, alimentos, empleo, poder
expresarse libremente y protestar pacíficamente sin temor a ser encarcelados y
juzgados por tribunales militares.
¿Se puede coincidir con un gobierno
deshumanizado y apoyarlo abiertamente, contrariamente a lo que pensamos la gran
mayoría de ecuatorianos (incluso muchas de las personas que disienten sobre apoyar
a Maduro son afines a Alianza País) más a aun, si es obvio que la comunidad
internacional afirma abiertamente que lo que existe en Venezuela es una indiscutible
dictadura?
¡Sinceramente creemos que no!
Vemos con estupor en esta materia que
no hay paralelismo entre lo dicho por el actual gobierno y lo actuado.
Los ecuatorianos merecemos una
explicación entendible del Gobierno, en razón de que la posición adoptada en la
última reunión del ALBA, va más allá de toda nuestra lucidez.
“El precio de la grandeza es la responsabilidad” (Winston Churchill)
