POBREZA Y EXTREMA POBREZA

Es un principio de aceptación casi general que para que se puedan aplicar políticas públicas efectivas en materia de justicia y bienestar social, que combatan la inequidad y la desigualdad, es imprescindible pero no suficiente que una economía mantenga una tasa de crecimiento económico sostenible en el tiempo, por encima del 5% anual.

Esta premisa debe aplicarse con mayor rigurosidad a países donde la brecha es enorme, entre aquellos que tienen acceso a servicios públicos básicos: educación, salud, vivienda, seguridad, etc. adecuados (países desarrollados) frente a otros países donde estos servicios son incipientes, de mala calidad y no abarcan a toda la población (países de menor desarrollo relativo y emergentes)

La radiografía común en estos últimos países deja ver: ausencia de verdaderas democracias, carencia de políticas públicas concertadas y de largo plazo, débil institucionalidad, inseguridad jurídica, alarmantes índices de pobreza y extrema pobreza, crecimiento económico negativo o incipiente, corrupción, inseguridad, etc. todo lo cual se refleja en índices alarmantes de desigualdad e inequidad en la población.

¡En este escenario, lamentablemente la política ha constituido el problema y no la solución!

Los altos indicadores de desempleo y subempleo dan cuenta de la ausencia de políticas públicas adecuadas o de la ausencia de ellas.

Hay una preocupación casi general en la mayor parte de los países de menor desarrollo relativo y países emergentes, por cuidar los empleos productivos existentes, pero poco se hace por eliminar los empleos improductivos (cuotas políticas) que se manifiestan en Estados obesos, donde el clientelismo carcome los exiguos recursos públicos y se produce un enorme déficit fiscal.

La incapacidad de generar empleos productivos es alarmante en contraste con la cantidad de ciudadanos jóvenes que se encuentran en edad de trabajar, y que año tras año engrosan las estadísticas de individuos con títulos técnicos y profesionales (de tercer y cuarto nivel) que están en la desocupación y también se aprecia que aumentan los guarismos de subempleados, que realizan trabajos mal remunerados que en muchos casos los ubican en la línea de pobreza o extrema pobreza.

La responsabilidad de esta triste realidad la comparten los gobiernos de turno y los gremios empresariales y de trabajadores, por más todos se rasguen las vestiduras. Cada cual tira a su molino y es incapaz de actuar en función del país.

Desde hace muchos años atrás, estamos cercanos (por la tecnología e información) a países donde las cosas se hacen técnicamente y bien, y en los cuales los políticos, gremios de empresarios, de trabajadores y la academia reman en la misma dirección. El resultado evidente es progreso y bienestar social.

Pero en particular, si nos referimos de América Latina, la consigna parecería ser: “todos contra todos”, no existe el “ganar-ganar”.

Cifras publicadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL (Enero 2019) dan cuenta de datos preocupantes relativos a la pobreza y extrema pobreza en la región:

*En el año 2017 cerca de 184 millones de personas, o sea el 30,2% de la población vivía en condiciones de pobreza.

*En el año 2017 aproximadamente 62 millones de personas, esto es el 10,2% estaba en situación de pobreza extrema. Este porcentaje es el más alto desde el año 2008.

*Aspecto positivo es según la CEPAL, que existe menos desigualdad en la región a partir del año 2000.

Pero es llamativo y debe ser materia de análisis y reflexión de los políticos y de la población en general los datos que se presentan a continuación (Fuente: CEPAL-Año 2017):

*Una media de la población ocupada (aproximadamente el 40%) recibe ingresos menores al salario mínimo vital de sus respectivos países. Las mujeres son más discriminadas y representan el 48.7%. En los jóvenes hombres (15 a 24 años) la participación relativa sube al 55.9%, mientras que en las mujeres crece al 60.3%

*Los hombres representaron el 74.4% del mercado laboral frente al 50.2% de las mujeres.

*Más del 50% de ellas trabajan en actividades de baja productividad y lo cual es aberrante, el 80% de ellas no están respaldadas por un sistema de seguridad social (pensiones)

Según la CEPAL: “el vínculo entre la evolución de la economía (sintetizada en el PIB) y los ingresos que efectivamente llegan a los hogares, está condicionado por diversos factores estructurales e institucionales que resultan ser determinantes fundamentales paras las posibilidades de mejorar el bienestar y reducir la pobreza en los países.”

En Ecuador según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) derivadas de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, de junio del año 2017, se obtienen los siguientes datos:

-La pobreza por ingresos a nivel nacional fue del 23,1%  a junio del año 2017, lo cual significó un 0,6% menos que la registrada en junio del año 2016. (No se aclara si incidió o no el crecimiento de la población en ese año)

-La pobreza extrema por ingresos a nivel nacional fue del 8.4% a junio del año 2017, mientras que a junio del año 2016 fue del 8.6%, con una reducción en el período analizado del 0,2% (No se aclara si incidió o no el crecimiento de la población en ese año)

Nota: Cabe mencionar que el INEC para la medición de la pobreza compara el ingreso per cápita del hogar con la línea de pobreza y pobreza extrema (a junio del año 2017 los ingresos base para estos indicadores fueron: US$ 85,58 para línea de pobreza y UD$ 48,23 para la línea de extrema pobreza.

Los hogares que tuvieron ingresos per cápita menores a los valores antes indicados se registran como pobres y pobres extremos, respectivamente.

-La desigualdad de ingresos per cápita familiar medida a través del coeficiente de Gini (es un indicador que se encuentra entre cero (0) igualdad perfecta y uno (1) que indica ausencia de igualdad) a junio del año 2017 a nivel nacional fue de 0,462 mientras que a junio del año 2016 fue de 0,465

Los países de América Latina que constituyen el enfoque de este artículo, deben construir políticas públicas consensuadas y sostenibles en el largo plazo, a fin de implementar medidas económicas efectivas que contribuyan a una distribución y redistribución de los ingresos más equitativa, y que consigan reducir significativamente la desigualdad existente en nuestros países.

¿Cómo se pueden conseguir estos objetivos?

1. Con pragmatismo;

2. Insertándose en la globalización;

3. Concertación (horizonte 20-30 años) entre: Gobierno, empresarios y trabajadores;

4. Implantando medidas económicas estructurales;

5. Convirtiendo a la educación en el motor de la economía;

6. Con democracia e institucionalidad;

7. Con justicia social;

8. Con seguridad jurídica; y,

9. Con un real contrapeso en los poderes del Estado.

“Que nadie se haga ilusiones que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz sino viene acompañada de equidad, verdad, justicia, y solidaridad” (Papa Juan Pablo II)