ECUADOR: ¿ESTADO OBESO?

Hasta el año 2006 el Ecuador tenía un aparato estatal que en buena medida correspondía al tamaño de su economía y población, principalmente.

Es a partir del año 2007 que comienza un desenfrenado agrandamiento del Estado por causa de la ideología política del Gobierno socialista del siglo XXI que accede al poder y que considera que el Estado debe ser no solo planificador y regulador, sino ejecutor de planes y proyectos.

Se da paso a la más grande distorsión que pueda sufrir una economía, al prácticamente aislar al sector privado, que paulatinamente pierde importancia como generador de riqueza y empleo, convirtiéndose el Estado en el gran empleador.

El sector público ecuatoriano para el año 2015, solo en la función ejecutiva llega a tener 127 entidades entre: Presidencia de la República, Ministerios sectoriales, Ministerios coordinadores y empresas públicas. Más 27 entidades creadas por la Constitución de 2008. Estamos hablando de 154 organismos, a los cuales se puede añadir 7 instituciones financieras que tienen estrecha relación con el Ejecutivo, lo que da un gran total 161 entidades, que se superponen unas con otras creando un maremágnum administrativo.

Si a lo anteriormente señalado se explicita que el número total de servidores públicos pasó de 460.182 en el 2006 a 717.125 en el 2016, se aprecia un crecimiento en términos absolutos de 256.943 personas, esto es un crecimiento del 55.8%, en 8 años del gobierno socialista. (Fuente: CORDES)

Hoy en agosto del año 2017 estamos frente a un “Estado Obeso” que respira saturación por los cuatro costados, pese a que el nuevo gobierno a la fecha ha dado muestras de querer enfrentar esta anómala situación, con acciones tales como: eliminación de algunas entidades, reducir cierta inversión pública, no llenar las vacantes que se produzcan en la función ejecutiva, venta de bienes inmuebles por 120 millones de dólares americanos y una reducción de salarios del 10% en determinados cargos públicos que ahorrarían al fisco por este último concepto, aproximadamente 34 millones de dólares americanos anuales, afectando a 7.242 empleados??

¡La proforma presupuestaria enviada hace pocos días a la Asamblea Nacional para su conocimiento y aprobación, solo para el pago de sueldos al sector público requiere de 9.000 millones de dólares americanos, que significa aproximadamente un 9% del PIB del país!

Para utilizar una terminología similar a la del actual gobierno que promete ¡realizar una cirugía mayor a la corrupción! (la misma que ha campeado en los 10 años del gobierno anterior) pronunciamiento este que encuentra eco favorable en la gran mayoría de ecuatorianos. Paralelamente también consideramos muchos ciudadanos que es imperativo ¡realizar una cirugía mayor a la obesidad grave y mórbida del Estado!

Para los no profesionales de la medicina probablemente dirán una gran ¡liposucción!

Y por qué decimos que es necesaria una cirugía mayor a la grave obesidad, por la sencilla razón de que no es un problema de estética, se requiere eliminar de un sujeto llamado Estado y que en el año 2006 pesaba 100 kilogramos y que para el año 2017 pesa 480 kilogramos, de 380 kilogramos de grasa acumulada por malos hábitos alimenticios, gula e inactividad. Algunos médicos especialistas dirán que este caso, requiere de varias cirugías programadas en el tiempo, con participación multidisciplinaria por su complejidad.

El Estado elefante y obeso llamado Ecuador, atraviesa por una crisis económica, política, social e institucional, nunca antes registrada en su historia republicana.

Según información hecha pública por el nuevo gobierno respecto al estado de crisis en que recibió el país, existe una gran interrogante sobre el futuro del Ecuador sino no se ejecutan acciones urgentes y drásticas que permitan iniciar un proceso de reingeniería en los 5 poderes del Estado, junto con la adopción de ciertas medidas económicas fundamentales y urgentes.

Estos son algunos indicadores macroeconómicos de fuentes oficiales:

1.     La deuda pública total es de aproximadamente 60.000 millones de dólares americanos, que representa el 60% del PIB a 2017 (el Código de Planificación y Finanzas Publicas establece que no se debe superar la relación deuda/PIB del 40%)

2.      Estimación oficial de crecimiento interanual del PIB para el 2017 del 0.7%

3.  Déficit fiscal presupuestado para el 2017 de 4.795 millones de dólares americanos (Para el Observatorio de la Política Fiscal el monto sería de 8.271 millones de dólares americanos??)

4.   Para amortización de deuda, intereses y otros compromisos públicos, el fisco requiere de 11.581 millones de dólares americanos, para el año 2017.

5.    ¿Se estima un crecimiento de los ingresos en la proforma del 2017 del orden del 25% con relación a lo ejecutado en el 2016, en un escenario de aguda crisis de la economía?

6.    La proforma presupuestaria para el 2017, establece 5.198 y 2.779 millones de dólares americanos para educación y salud, respectivamente, que suman 7.977 millones de dólares americanos, esto es un 69% del valor destinado a cancelar deuda pública???

Dada la magnitud de la crisis de todo orden por la que atraviesa el Ecuador: Institucional, política, económica, social, cultural, ambiental, etc. El nuevo gobierno (que es del mismo movimiento político= Alianza País) tiene que decidir entre: ¡cambio! o ¡continuismo!

Tomemos únicamente dos aspectos para inferir lo que la gran mayoría de ecuatorianos queremos, no solo escuchar del nuevo gobierno, sino que se evidencie en acciones: 1) Economía y 2) Política Exterior.

1)  Economía: El nuevo gobierno habla de que existen dos vías para reducir el tamaño del Estado: medidas de shock o medidas graduales.

Las primeras, las de shock, a más del impacto que tendrían en el empleo, afectarían según ellos a la situación económica en general. Mientras que las segundas, de gradualidad, no tendrían mayor impacto en alcanzar el objetivo de sanear la caja fiscal, ya que tomaría muchos años su implementación total (posiblemente 2 o más períodos de gobierno).

La grave situación económica del país, amerita tomar una medida drástica en cuanto a la reducción del tamaño del Estado, debe ser máximo dentro del primer año de este gobierno, para cual habría que adoptar entre otras las siguientes acciones:

·        Reducir a no más de 10 los Ministerios sectoriales y coordinadores.

·       Eliminar todas las entidades creadas desde enero del 2017, dependientes o anexadas a los Ministerios, que con el aparente fin de descentralización, fueron establecidas para acción política y de generar empleo público (partidista)

·       El personal público separado producto de la eliminación de entidades gubernamentales (empleados de carrera y empleados a contrato) deberían ser calificados por las instituciones financieras públicas y privadas, si ameritan ser de sujetos de crédito para emprendimientos-PYMES.

·       Drástica reducción del parque automotor del sector público (Ecuador tiene un parque automotor que representa aproximadamente el 95% del que tiene el Japón). Además obligar a que los vehículos a adquirirse en el futuro por reposición, sean ensamblados en el país y que no excedan individualmente en valor a US 40.000,00

·        Restringir el uso de celulares, de manera que solo se entregue a los principales funcionarios, para uso dentro del país y con tiempo límite.

·         Prohibir la compra de nuevos bienes inmuebles, remodelación de los existentes y la compra de bienes muebles adicionales.

·     Eliminar las reuniones de funcionarios públicos fuera de la ciudad donde prestan sus servicios e implantar video conferencias u otras formas de comunicación, a fin de evitar viáticos innecesarios, que incrementan los gastos.

·       Reducir a lo mínimo indispensable los viajes fuera del país a foros, conferencias, reuniones, etc. ya que no representan un verdadero aporte de conocimientos o crecimiento profesional, y que debería tener relación con las competencias del servidor público.

·        Prohibir la entrega de tarjetas de crédito de parte de entidades públicas para uso de altos funcionarios.

·      Eximirse de organizar en el país de eventos internacionales, fiestas y actos que demandan gastos innecesarios.

·     Congelar los sueldos de los empleados públicos que sobrepasen el monto de la canasta familiar, mínimo por 2 años.

·     Lo más importante, coordinar con la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y Justicia, respetando su independencia, acciones que coadyuven a la recuperación de los recursos públicos desviados a manos privadas por actos de corrupción (hay estimaciones de que la corrupción solo en la obra pública entre 2007 y 2017, sería de aproximadamente entre 20 y 30 mil millones de dólares americanos)

·      Impulsar en la Asamblea Nacional una Ley de extinción de dominio para que el Estado persiga la recuperación del dinero mal habido, por actos de corrupción.

·         Eliminar los subsidios a la gasolina y diésel y focalizar el subsidio al gas de uso doméstico. 

2)      Política Exterior: La gran mayoría de ecuatorianos concordamos totalmente  respecto de la apertura al diálogo que hace el nuevo gobierno, el llamado al trato respetuoso entre quienes piensen distinto, así como, el llamado al respeto de los derechos humanos. Sin embargo nos confunde y extraña la política que sigue el gobierno en relación a Venezuela cuando escuchamos y vemos que en el reciente foro del ALBA realizado en Caracas, se manifiesta que Ecuador respalda al Gobierno del Presidente Maduro con la creación de la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el referido gobernante.

Paralelamente, en la reciente reunión de Cancilleres realizada en Lima-Perú para tratar la grave crisis humanitaria y el quebrantamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela (reunión en la que no participó Ecuador) 12 países de América censuraron las acciones dictatoriales del Presidente venezolano, que en contubernio con la Corte de Justicia rompieron el orden constitucional. En la mencionada reunión los referidos países resolvieron desconocer a la Asamblea Nacional Constituyente-ANC, que se ha establecido como un “supra poder”.

En identidad con lo anunciado, respetamos la supuesta afinidad ideológica que exista entre los dos gobiernos socialistas, de Ecuador (desde hace 10 años) con Venezuela (desde el Chavismo y ahora con el Madurismo), pero no comprendemos que por dicha afinidad, se ignore la brutal represión que  la dictadura instaurada desde hace algún tiempo atrás en Venezuela, realiza con el pueblo, la prohibición del Gobierno de aceptar ayuda internacional humanitaria de medicinas y alimentos, la existencia de decenas de presos políticos, por pensar y expresarse de manera contraria a las políticas económicas y sociales del régimen.

Se está masacrando a un pueblo cuyo único pecado es pensar distinto, exigir los derechos que les ampara la Constitución vigente (Chavista) y que demandan, medicinas, alimentos, empleo, poder expresarse libremente y protestar pacíficamente sin temor a ser encarcelados y juzgados por tribunales militares.

¿Se puede coincidir con un gobierno deshumanizado y apoyarlo abiertamente, contrariamente a lo que pensamos la gran mayoría de ecuatorianos (incluso muchas de las personas que disienten sobre apoyar a Maduro son afines a Alianza País) más a aun, si es obvio que la comunidad internacional afirma abiertamente que lo que existe en Venezuela es una indiscutible dictadura?

¡Sinceramente creemos que no!

Vemos con estupor en esta materia que no hay paralelismo entre lo dicho por el actual gobierno y lo actuado.

Los ecuatorianos merecemos una explicación entendible del Gobierno, en razón de que la posición adoptada en la última reunión del ALBA, va más allá de toda nuestra lucidez.

“El precio de la grandeza es la responsabilidad” (Winston Churchill)

VENEZUELA Y ECUADOR: ¿Las dos caras de una misma moneda?

Cuando nos preguntamos si Venezuela y Ecuador ¿son las dos caras de una misma moneda?, la interrogante no tiene relación con aspectos: culturales, raza, religión, geografía, etc., más bien la pregunta tiene que ver con las semejanzas en el modelo político adoptado por Venezuela y Ecuador, desde hace más de una década.

El socialismo del siglo XXI fue acogido por el gobierno de Hugo Chávez Frías (+) desde el año 2006 y, continúa hasta la presente fecha con el gobierno de Nicolás Maduro Moros en el hermano país de Venezuela. Mientras que en el caso ecuatoriano, este modelo político fue adoptado por el gobierno de Rafael Correa Delgado, desde el año 2007.

La interrogante para algunos politólogos ecuatorianos y extranjeros, es si continuará vigente este “modelo político” en Ecuador con el gobierno del presidente Lenín Moreno Garcés.

En la actualidad el movimiento político Alianza País controla de manera directa, dos de los cinco poderes  establecidos en la Constitución Política de Ecuador: Ejecutivo y Asamblea Nacional (los más importantes).

Pese a la aparente fricción existente al interior de este movimiento político por el anuncio de medidas políticas y económicas que adoptaría el presidente Moreno, nada hace presumir que existiría una separación del modelo del socialismo del siglo XXI.

Esta realidad política vigente para los dos países preocupa sobremanera a la comunidad no solo de Venezuela y Ecuador, sino, de la mayoría de países de occidente, en razón de que junto a Bolivia, Nicaragua y El Salvador, principalmente, podrían convertirse en focos de propagación de acciones que desestabilicen la democracia y el republicanismo en América, como ha sido en el pasado Cuba.

Venezuela atraviesa por la peor crisis: económica, política, social, cultural, institucional, de derechos humanos, etc. desde que se instauró una autocracia, con Hugo Chávez y que se ha radicalizado con el presidente Maduro. El país está al borde de una guerra civil de impensables consecuencias para la población venezolana, que se encuentra secuestrada por una dictadura civil-militar corrupta, que no puede dejar el poder, So pena de tener que encarar juicios desde lo penal hasta de Lesa humanidad.

En Ecuador algunos miembros del movimiento Alianza País con su “ex – líder” a la cabeza, el anterior Presidente, han hecho pronunciamientos públicos en el sentido que no se puede o debe traicionar la “revolución ciudadana”, dando a entender que lo que cabe es radicalizar la propuesta del anterior gobierno, el mismo que fue identificado dentro y fuera del país como una autocracia. Entonces cabe preguntarse ¿se quiere llegar a la situación en la que se encuentra en la actualidad la Venezuela de Maduro, con más de 100 personas asesinadas sin consideración alguna, más decenas de muertos por falta de medicinas, alimentos, corrupción, narco delincuencia, etc.?

¡La mayoría de ecuatorianos no queremos este modelo político y sus objetivos!

El pueblo ecuatoriano aspira a tener libertad, justicia, trabajo y progreso, en un clima de paz y diálogo, que facilite arribar a entendimientos que permitan diseñar políticas públicas concertadas y de largo plazo.

Hay que “esperar” que los seguidores sumisos del expresidente Correa no pretendan secuestrar políticamente al Presidente Moreno, bajo la argucia de que se debe sujetar a la “disciplina partidista” y más importante aún, que el  nuevo Presidente no se deje manipular con esta falacia que esterilizaría su mandato de gobierno.

Una señal positiva de política exterior para todos los ecuatorianos, de solidaridad para el sufrido pueblo venezolano y de respeto a los derechos humanos para el mundo entero, sería que el gobierno del Presidente Lenín Moreno retire al Embajador de Ecuador en Venezuela y vote a favor de las sanciones que la comunidad internacional proponga contra el gobierno de Nicolás Maduro, a fin de que se respete la actual Constitución Política vigente y el contrapeso de poderes.

 
“No debemos dejar que nuestros temores nos impidan perseguir nuestras esperanzas” (John Fitzgerald Kennedy)

DEVALUACIÓN FISCAL: ¡No es suficiente!

En Ecuador luego de la debacle que significó para el país los 10 años de “gestión” del Expresidente Rafael Correa en lo: institucional, económico, social, cultural, derechos humanos y ambiental, la nueva administración no debe cometer el mismo error del Presidente Macri en Argentina, al no hacer público las cifras reales de como recibió la economía del país.

Es necesario transparentar las cuentas nacionales para que sobre esa base, el nuevo Gobierno fije el rumbo de la economía en el período 2017- 2021, independientemente que en el caso ecuatoriano el Poder Ejecutivo sigue en manos del mismo movimiento político.

Hay que hacer público entre otras cifras: déficit fiscal, deuda global reajustada (es evidente para muchos analistas que se maquilló las cuentas de deuda) preventa petrolera, reservas de petróleo, balances de empresas públicas, etc.

También es fundamental exhibir los contratos de deuda externa, venta de petróleo, obra pública, en especial, para poder analizar el costo-beneficio de los mismos, mediante una auditoría forense externa, independiente y con calificación internacional.

La crisis de valores por la que atraviesa el Ecuador por los innumerables casos de corrupción detectados hasta la fecha, amerita hoy más que nunca arribar a acuerdos de mediano y largo plazo entre lo público y lo privado, que viabilicen una total transparencia.

La Concertación ha sido un objetivo esquivo hasta el presente, por causa de que han primado los intereses individuales, de grupo y partidistas, antes que los del país. Los afanes de poder y riqueza constituyen una rémora, que no permite dibujar un Ecuador con crecimiento y desarrollo económico, respeto a los derechos humanos, fortalecimiento de la institucionalidad, inclusión, consciencia social y justicia.

En nuevo Presidente ha dado un paso adelante al abrir espacio al diálogo, condición necesaria pero no suficiente para despejar el camino que conduzca al entendimiento, a eliminar la desconfianza sembrada en el país por su antecesor. Para transitar por la vía sugerida a más de buenas intenciones, hace falta desmontar gran parte del andamiaje montado en 10 años de autocracia que polarizó al país, con la creación por parte de la Asamblea Nacional sumisa, de muchas leyes inconsultas e innecesarias que solo han traído caos y retroceso.

El encadenamiento: gobierno, empresa, academia y trabajadores, será posible únicamente con políticas públicas concertadas y de largo plazo que superen los intereses de un partido o movimiento político que termina siendo coyuntural. El Ecuador necesita con urgencia reglas claras que permanezcan en el tiempo, más allá del período de un gobierno constitucional y que permitan planificar: infraestructura, servicios, emprendimientos, generación de empleo, etc., con un horizonte previsible.

En lo económico es necesario conocer a detalle el plan económico y social elaborado por el ejecutivo, a fin de que el sector privado y la academia, lo analicen y de ser necesario realicen propuestas de ajustes o cambios pertinentes, mediante el diálogo técnico, argumentado y franco, que enriquezca lo planificado y viabilice su acogimiento.

En este sentido la propuesta de apuntalar las exportaciones de bienes y servicios producidos en el país mediante una “devaluación fiscal “es una medida puntual, que pretende reducir los costes de producción (sin modificar la cotización del dólar, ya que Ecuador adoptó como moneda esta divisa desde el año 2000) reduciendo el nivel de los impuestos directos y/o indirectos y generando a la par nuevas fuentes de empleo.

Pero así como en las leyes de la física, toda acción tiene una reacción, en economía una reducción del coste de impuestos a favor de las empresas exportadoras para mejorar su “competitividad”, implica una disminución de ingresos para el fisco, que por lo general se compensa con el incremento de impuestos existentes o con la creación de nuevos impuestos.

¿Es de suponer que la contrapartida de una devaluación fiscal como la que se está proponiendo en la actualidad en el país y que consiste en reducir la contribución patronal al Seguro Social- IESS, sería una suba en el impuesto al valor agregado-IVA, como se hizo en España en 2014 (a más de otras medidas) por su fácil aplicación y operatividad?

La literatura económica alerta sobre los efectos de la devaluación fiscal en la macroeconomía y microeconomía. Hay quienes consideran que habría que modificar al menos un impuesto directo y otro indirecto, para aplicar una devaluación fiscal.

Desde la óptica fiscal se entendería que por razones de practicidad, costos operativos e inmediatez, el gobierno escogería como punto de partida la suba del IVA, como compensación a una pérdida de ingresos fiscales por la reducción de la contribución de las empresas a la seguridad social, a fin de compensar la reducción de ingresos que sufriría la misma.

Cabe alertar que los efectos de aplicarse esta medida serían de enorme impacto para la población en general, porque se encarece la gran mayoría de bienes y servicios producidos en el país e importados, contrayendo la demanda y generando en muchos casos desempleo, como consecuencia final por el encadenamiento existente.

¿Acaso no es menos pernicioso aceptar llanamente que lo que se está queriendo crear es un subsidio a las empresas exportadoras, con un propósito encomiable, pero insuficiente para alcanzar el objetivo propuesto?

¿Porque se sostiene que es insuficiente tal medida?

Por la sencilla razón de que es necesario contar con una política pública a largo plazo para alcanzar un crecimiento sostenido de las exportaciones no tradicionales con alto valor agregado, ya que como es de conocimiento general, Ecuador tiene una oferta exportable sustentada en productos primarios tradicionales.

En la actualidad no existe tal política. Primero hay que construirla, luego consensuarla entre lo público y privado y posteriormente ejecutarla, lo cual llevará muchos años.

En la década de los setenta se inició un proceso de promoción, asistencia técnica y financiamiento de exportaciones, para bienes y servicios no tradicionales. Instituciones públicas como el Ministerio de Industrias, CENDES, la Corporación Financiera Nacional-CFN, entre otros, trabajaron en coordinación con el sector privado para este objetivo.

La CFN además de las líneas de financiamiento para la industria, pesca y turismo,  creó el Fondo para la promoción de exportaciones-FOPEX, el Fondo para la pequeña industria y artesanías-FOPINAR, con el propósito de diversificar la oferta exportable. De ahí surgieron actividades cuya producción estaba orientada la exportación, tales como: floricultura, acuacultura, café soluble, semielaborados y elaborados de cacao, sombreros de paja toquilla, artesanías de tagua, mermeladas, aglomerados de madera, zapatas de freno, taladros eléctricos, ensamble de vehículos, etc. que incorporaban mayor valor agregado.

Gracias a políticas neoliberales y socialistas y a la “visión “de varios gobiernos de turno, se desmontó todo un esquema de apoyo a la pequeña y mediana industria y la promoción y financiamiento de las exportaciones no tradicionales.

¡De Ripley! La Corporación Financiera Nacional-CFN pasó de banca de desarrollo, a financiar taxis, viviendas, venta de bienes inmuebles (incautados al sistema financiero privado, luego de la crisis de 1999) y prestamista al Gobierno Central.

Algunos dirán que por algo hay que comenzar para que crezcan las exportaciones (más aun cuando tenemos un país sin política monetaria) y que permita corregir los costos internos cuando los países vecinos devalúan su moneda, o lo hacen aquellos que tiene una oferta exportable similar a la ecuatoriana. Sí, ¿Pero no sería mejor tener una política pública de largo plazo concertada, de diversificación y promoción de exportaciones bien estructurada y sostenible en el tiempo, que incentive la: creatividad, innovación y emprendimiento y, que gradualmente se consiga la producción de bienes y servicios no tradicionales exportables que incorporen tecnología de punta?

“Hacer con soltura lo que es difícil a los demás, he ahí la señal del talento; hacer lo que es imposible al talento, he ahí el signo del genio“(Henri-Frédéric Amiel)