La historia política, económica y social de Ecuador parecería
que tiene cierta similitud a la narrativa del poema épico de la mitología griega“La Odisea”, atribuido
al poeta Homero.
El personaje central de la obra en mención, Odiseo (Ulises) en
su viaje de regreso a su patria luego de la guerra con Troya, es impedido de
llegar a las costas de su tierra Ítaca por muchos años, por venganza de
Poseidón dios de los mares.
La tragedia de Ecuador es que no ha podido salir de la
condición de país subdesarrollado y llegar a mejor destino, pese a contar con enormes
riquezas naturales, diversidad geográfica, potencialidad turística, etc., por causa
de los politiqueros mediocres y corruptos que han gobernado a esta nación.
Los partidos y movimientos políticos se han constituido en
una casta privilegiada, que han medrado de las riquezas naturales y de la ingenuidad
de nuestro pueblo.
La corrupción es el foco maligno que se ha propagado en el
cuerpo del estado ecuatoriano, convirtiéndose en una metástasis, con la
colaboración de la injusticia.
El país necesita de una verdadera catarsis que elimine de
raíz la causa de todos nuestros males: que no es otra que la clase política
vigente y sus nefastos intereses de grupo y personales, que impiden alcanzar acuerdos
que permitan cambios profundos y permanentes, a través de consensuar políticas
públicas de largo plazo.
La economía se encuentra en cuidados intensivos y los médicos
aplican remedios caseros para curar heridas profundas, de diagnóstico
estructural.
Ante la ausencia de un plan económico integral, vemos como se
aplican paliativos que no atacan las causas de la crisis económica y social que
se refleja en una lacerante desigualdad en el reparto de la renta.
La educación tiene que ser el eje trasversal a todos los
demás componentes del plan económico integral de largo plazo a construirse.
La ausencia de un sistema que reduzca gradualmente los altos
niveles de pobreza y la desigualdad de ingresos, obligan al replanteo de los
objetivos distributivos de la política fiscal, dentro del plan económico
integral.
El país no cuenta con estadísticas actualizadas y confiables
que permitan determinar con alto grado de certeza, por ejemplo, a través de la
curva de Lorenz y el índice de Gini, la lacerante desigualdad existente que
afecta en mayor grado a la población más vulnerable.
A mayo de 2018, desde el Ministerio de Finanzas se anunciaba
que el endeudamiento público era el 57% del PIB y que el déficit fiscal
representaba el 5.64% del PIB.
En la actualidad el país tiene entre otros, tres problemas serios
que conspiran en su afán de buscar liquidez: a) apreciación del dólar que
encarece las exportaciones, b) alza constante de la tasa de interés en EE.UU.
(rango de 1.50 a 1.75%. Analistas estiman que llegue al 3.00% para 2019) lo cual
incrementa el costo del servicio de la deuda externa, y c) la iliquidez de los
mercados financieros mundiales, limitan la viabilidad de endeudamiento externo
y si se lo obtendría, sería con términos y condiciones onerosas para el país.
Si añadimos a los factores antes mencionados, temas de carácter
deontológico como deberes, normas, etc., estaríamos ubicándonos en el ámbito de
la ética que trata desde una visión filosófica sobre el bien y los fundamentos
de los valores.
La axiología o teoría de los valores nos conduce a la
frontera de lo moral, nos permite analizar nuestros comportamientos, actitudes,
en función de nuestra realización como individuos, como personas.
Dentro de esta categorización tiene especial importancia la
justicia, definida como un valor vital. Platón en su obra “La República” otorga
especial atención al tema en el subcapítulo sobre la justicia, al
señalar que todas las virtudes se basan en la justicia.
En la justicia como en otras virtudes la rectitud es una
constante, y en esencia, el objeto en si mismo de la justicia es el derecho.
Para Aristóteles la justicia distributiva es la manera justa
en que se distribuyen los bienes en una sociedad.
Ya desde la Grecia antigua se definía filosóficamente la
relevancia de los valores, los mismos que han sido permanentemente devaluados
siglo tras siglo hasta llegar a nuestro presente, donde “tener” es más
importante que “ser”.
Ecuador no es la excepción en el mundo, la justicia ha sido
reemplazada por la injusticia, la ilegalidad, la arbitrariedad.
Nos encontramos en un punto de inflexión en Ecuador, o
cambiamos radicalmente las reglas de juego vigentes a través de una Asamblea
Constituyente “no institucionalizada” que surja de manera espontánea, con la
participación ciudadana y sin que medie regulación alguna, para enterrar la
oprobiosa constitución vigente desde 2008.
¡Requisito
sine qua non es que los partidos y movimientos políticos vigentes, sean
excluidos por sus antecedentes, del manejo y control de este ejercicio
democrático!
Hay que volver a instaurar los tres poderes del estado, con
el debido contrapeso:
-Legislativo (dos Cámaras: Diputados y Senadores);
-Ejecutivo; y,
-Judicial.
Los constituyentes deberían ser ciudadanos que surjan de
todos los estamentos sociales y que reúnan requisitos básicos, tales como:
demostrada integridad, conocimientos y experiencia en determinadas materias, no
afiliación política alguna, no estar incursos en procesos judiciales derivados
de delitos punibles, entre otros.
La institucionalidad debe ser cuidada y preservada,
blindándole del asedio de oportunistas demagogos, que hacen uso de prácticas populistas para engatusar a un pueblo bueno, pero carente de educación y cultura.
Todo cambia para que nada cambie, parece que el
“gatopardismo” vive en su esplendor, se robaron recursos públicos por
aproximadamente 30.000 millones de dólares de Norte América, en la década
2007-2016, y no se ha recuperado un solo dólar.
¿Qué hay de la promulgación de una Ley de Extinción de
Dominio, encajonada por más de 10 años?
“Hacer depender la justicia de las convenciones humanas es destruir la moral” (Cicerón)
